Activista denuncia inoperancia del Registro Nacional de Deudores Alimentarios en México

La principal promotora de la Ley Sabina denunció este domingo que el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, diseñado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de crianza, enfrenta severas deficiencias operativas que impiden su función como mecanismo de justicia. De acuerdo con la activista, la falta de voluntad institucional y la persistencia de estructuras culturales arraigadas, a las que calificó como un pacto patriarcal, han frenado el avance efectivo de esta normativa en el territorio mexicano.

El Registro Nacional, cuya implementación buscaba consolidar una base de datos pública de personas que incumplen con el pago de pensiones alimenticias, presenta actualmente inconsistencias en su actualización y acceso. La impulsora señaló que las madres de familia continúan enfrentando obstáculos administrativos graves para registrar a los deudores, lo que desarticula el propósito original de la ley que pretendía limitar derechos civiles y crediticios a quienes evaden su responsabilidad parental.

La activista enfatizó que la problemática no es únicamente técnica, sino sistémica, señalando que las autoridades responsables han fallado en la coordinación necesaria entre las entidades federativas y el orden federal. Según sus declaraciones, esta desarticulación permite que los deudores evadan las sanciones estipuladas, perpetuando la precariedad económica de miles de hogares encabezados por mujeres que dependen de estos recursos para el bienestar de sus hijos.

Ante este panorama, desde el colectivo se propone una revisión integral de los protocolos de captura de información y una mayor fiscalización de las instituciones encargadas de la operatividad del registro. La exigencia central se mantiene en la necesidad de que el Poder Judicial y las instancias administrativas agilicen los procesos de inscripción, eliminando las trabas burocráticas que, a su juicio, protegen la omisión de los padres deudores.

Finalmente, la defensora de los derechos de la niñez hizo un llamado a las autoridades del Congreso de la Unión para que se realicen las adecuaciones legislativas necesarias que garanticen la funcionalidad del registro. Mientras tanto, las colectivas de mujeres han anunciado que continuarán con el acompañamiento jurídico a las afectadas, insistiendo en que la justicia alimentaria debe ser una prioridad en la agenda de seguridad social del país.