Barra Mexicana de Abogados exige acciones urgentes contra la violencia de género

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) emitió un pronunciamiento este martes 22 de septiembre de 2026, instando a las autoridades de los tres niveles de gobierno a redoblar esfuerzos para combatir la violencia de género en el país. El gremio jurídico enfatizó que la persistencia de la impunidad en casos de agresiones contra mujeres constituye una falla estructural que requiere atención inmediata de las instituciones de procuración de justicia.

En su posicionamiento, la organización subrayó que el sistema judicial mexicano enfrenta retos significativos para garantizar una perspectiva de género efectiva durante las investigaciones y los procesos penales. Los abogados señalaron que es indispensable que las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) armonicen sus protocolos de actuación para evitar la revictimización y asegurar que los responsables sean procesados conforme a derecho.

La BMA propuso la creación de mecanismos de supervisión ciudadana y profesional que permitan evaluar el desempeño de las unidades especializadas en delitos contra las mujeres. Según el gremio, estas medidas permitirían identificar las deficiencias administrativas que actualmente obstaculizan el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial para las víctimas y sus familias.

Asimismo, el organismo destacó la importancia de la capacitación continua para los operadores del sistema de justicia penal en materia de derechos humanos. La propuesta incluye la implementación de programas de seguimiento administrativo para asegurar que los juzgados y fiscalías cuenten con los recursos necesarios para atender la carga de trabajo actual, evitando la dilación en los expedientes judiciales.

Finalmente, la Barra hizo un exhorto al Congreso de la Unión para revisar el marco normativo vigente, con el objetivo de cerrar brechas legales que permiten la evasión de responsabilidades. La organización reiteró su disposición para colaborar con el Poder Judicial y las autoridades ejecutivas en la construcción de una política pública integral que priorice la seguridad y el respeto a la integridad física de las mujeres en todo el territorio nacional.