Cuestionan uso de aeronaves privadas en la administración pública de Quintana Roo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, enfrenta señalamientos públicos tras el uso de aeronaves privadas para realizar traslados oficiales. El debate se centra en la posible convergencia de intereses entre los propietarios de dichas unidades aéreas y las empresas que mantienen contratos vigentes con la administración estatal, situación que ha sido documentada por diversos sectores de la sociedad civil en la entidad.

Especialistas en fiscalización y transparencia señalan que, cuando el prestador del servicio de transporte aéreo guarda una relación comercial previa con el gobierno, la simple acreditación de que el pago se realizó desde una cuenta personal no es suficiente para disipar dudas sobre posibles conflictos de interés. La normativa vigente exige que toda relación entre funcionarios públicos y proveedores gubernamentales sea transparente para evitar la opacidad en el ejercicio del presupuesto.

Desde el equipo de comunicación social del gobierno estatal, se ha sostenido que los traslados corresponden a agendas de trabajo prioritarias y que se ha cumplido con la normativa de rendición de cuentas. No obstante, el cuestionamiento persiste en el ámbito público, donde se exige mayor claridad sobre la naturaleza de los contratos y la identidad de los dueños de las aeronaves utilizadas durante los últimos meses.

La controversia ocurre en un contexto de escrutinio ciudadano hacia la administración pública en Quintana Roo. Organismos civiles han solicitado a las instancias competentes que se realice una revisión exhaustiva de los vínculos entre los proveedores de servicios gubernamentales y la logística de transporte de los funcionarios de primer nivel, con el objetivo de garantizar que no existan irregularidades en la gestión de recursos públicos.