El huachicol fiscal: la herencia operativa tras la reforma energética de 2013

El sistema de importación de hidrocarburos establecido tras la reforma energética de 2013 permitió el surgimiento de una red masiva de evasión fiscal conocida como huachicol fiscal. Durante la emergencia sanitaria por covid-19, autoridades de la SHCP y el SAT detectaron un patrón sistemático donde empresas privadas importaban combustibles de manera irregular, etiquetándolos erróneamente como aditivos o aceites lubricantes para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Este esquema de simulación aprovechó la complejidad operativa del nuevo mercado abierto, el cual descentralizó la vigilancia que anteriormente concentraba PEMEX. Al disfrazar la naturaleza química de los cargamentos en las aduanas mexicanas, las organizaciones lograron introducir millones de litros de gasolina y diésel al mercado nacional sin cubrir las obligaciones fiscales correspondientes, generando una competencia desleal contra los productos legalmente comercializados.

El impacto de este fenómeno se tradujo en una disminución significativa en la recaudación tributaria federal durante los años de la pandemia. Las investigaciones de la FGR señalaron que la falta de protocolos de verificación rigurosos en los puertos de entrada permitió que los combustibles evadieran controles de calidad y normatividad, afectando no solo las arcas públicas sino también el control sobre la cadena de suministro energética del país.

Ante esta situación, el gobierno federal ha implementado diversas medidas de fiscalización y endurecimiento en los controles aduanales para frenar la entrada de estos cargamentos ilícitos. Las dependencias involucradas han enfatizado la necesidad de coordinar labores entre la SEMAR, encargada de la vigilancia portuaria, y las autoridades hacendarias para desmantelar las estructuras corporativas que sostienen este tipo de evasión fiscal en el territorio nacional.