Emiten nuevas órdenes de aprehensión por huachicol fiscal en seis estados
Las autoridades federales han girado nuevas órdenes de captura contra accionistas y socios implicados en el contrabando de combustibles, con ganancias ilícitas estimadas en 340 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha intensificado las acciones legales contra una red dedicada al denominado huachicol fiscal. Este viernes, se confirmó la emisión de nuevas órdenes de aprehensión dirigidas a accionistas, apoderados, socios y enlaces operativos que habrían facilitado la evasión de impuestos en la importación y distribución de hidrocarburos. Las operaciones de esta estructura delictiva, detectadas en seis estados de la República, han generado pérdidas al erario estimadas en 340 millones de pesos.
El esquema de huachicol fiscal consiste en la importación de combustibles bajo esquemas de evasión, donde se declara un producto distinto al que realmente ingresa al territorio nacional para evitar el pago de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Las investigaciones señalan que los involucrados utilizaban empresas fachada para simular operaciones comerciales y evadir los controles aduaneros establecidos por las autoridades hacendarias. Este modelo de negocio ilícito representa uno de los principales retos para la estabilidad del mercado energético nacional.
La estrategia de las autoridades federales busca desarticular no solo las redes de distribución física, sino también las estructuras administrativas que sostienen el flujo financiero del contrabando. Las órdenes de aprehensión alcanzan a diversos niveles de mando dentro de las empresas involucradas, desde quienes facilitan la logística hasta los accionistas que autorizan las transacciones irregulares. Este despliegue judicial abarca diversas entidades federativas donde se han identificado centros clave de almacenamiento y comercialización de hidrocarburos sin el debido cumplimiento fiscal.
En los próximos días, se espera que el Ministerio Público Federal presente las pruebas recabadas durante meses de seguimiento ante los jueces de control correspondientes. El objetivo es lograr la vinculación a proceso de los detenidos y avanzar en la recuperación de los recursos que dejaron de ingresar al fisco. Las autoridades mantienen los operativos de vigilancia en las zonas estratégicas para evitar que las operaciones de este grupo delictivo continúen afectando la recaudación y la transparencia del sector energético en México.
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