Familia Oropeza denuncia extorsión y pérdida de expedientes en despojo inmobiliario
La familia Oropeza enfrenta un complejo proceso legal tras el despojo de un terreno de 5.3 hectáreas en Insurgentes Sur, denunciando irregularidades en la fiscalía.

La familia Oropeza denunció esta semana una serie de irregularidades dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras el despojo de un predio de 5.3 hectáreas ubicado en la zona de Insurgentes Sur. Los afectados señalan que, además de la pérdida de posesión del inmueble, los expedientes que integran su carpeta de investigación han desaparecido misteriosamente en diversas ocasiones, obstaculizando el avance del proceso judicial.
Según lo expuesto por los denunciantes, diversos servidores públicos adscritos a la fiscalía especializada han sugerido la entrega de pagos millonarios como condición para agilizar los trámites y devolverles la propiedad de sus tierras. Esta situación ha dejado a la familia en un estado de vulnerabilidad, pues aseguran que las autoridades han condicionado la justicia al cumplimiento de estas exigencias económicas informales, calificando el trato como una forma de extorsión institucionalizada.
El predio, que ha sido objeto de disputa durante meses, representa el patrimonio principal de la familia Oropeza, quienes han buscado el apoyo de instancias superiores para que se garantice el debido proceso. Hasta el momento, los afectados han interpuesto quejas ante el órgano interno de control de la fiscalía capitalina, exigiendo que se investigue la actuación de los funcionarios involucrados y se deslinden responsabilidades por la desaparición de los documentos oficiales.
Por su parte, abogados especialistas en derecho inmobiliario han señalado que este tipo de casos refleja deficiencias críticas en la gestión de archivos y la supervisión de las fiscalías locales. La familia Oropeza ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que se restituya la legalidad en el caso y se proteja el derecho a la propiedad privada frente a posibles actos de corrupción cometidos desde el interior de las instituciones de procuración de justicia.
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