FGR investiga a empresa ligada a Ernesto Ruffo por presuntas triangulaciones

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre un complejo esquema financiero presuntamente vinculado a la empresa Ingemar, la cual mantiene nexos con el exgobernador Ernesto Ruffo Appel. De acuerdo con informes ministeriales, las autoridades detectaron movimientos irregulares que ascienden a más de 3 mil millones de pesos, los cuales habrían sido dispersados a través de diversas operaciones comerciales y transferencias internacionales de hidrocarburos.

El expediente, que es analizado por unidades especializadas de la FGR, señala que el flujo de capitales habría utilizado una estructura de triangulación diseñada para ocultar el origen y destino final de los recursos. Los investigadores federales rastrean operaciones que involucran a múltiples entidades corporativas, algunas de ellas con sede en jurisdicciones extranjeras, lo que ha complicado la trazabilidad de los fondos en los últimos meses.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la indagatoria se centra en determinar si existió una evasión fiscal sistemática o el uso de empresas fachada para la comercialización de energéticos en el mercado nacional. La autoridad ministerial busca esclarecer si los recursos, que alcanzan la cifra millonaria mencionada, fueron reportados correctamente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o si fueron objeto de operaciones simuladas.

Hasta el momento, la defensa legal y los representantes de las partes involucradas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos de la fiscalía. Se espera que en los próximos días la FGR solicite información adicional a diversas instituciones financieras para determinar si existen elementos suficientes para judicializar la carpeta de investigación ante un juez de control federal.

Este caso se suma a la agenda de fiscalización que la dependencia ha implementado contra esquemas de triangulación de recursos en el sector energético. La autoridad judicial determinará, tras el desahogo de las pruebas, si los movimientos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR constituyen delitos del orden federal o si se trata de operaciones comerciales sujetas a aclaración administrativa.