Fiscalía de Michoacán requiere dispositivos móviles para esclarecer caso Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha insistido formalmente ante Grecia Quiroz para que entregue los teléfonos celulares que pertenecieron a Carlos Manzo, como parte fundamental de las indagatorias para esclarecer su homicidio. La autoridad judicial sostiene que el acceso a dicha información electrónica es indispensable para determinar las líneas de investigación y lograr el esclarecimiento del suceso que ha conmocionado a la opinión pública local.

Representantes de la dependencia estatal señalaron que la entrega de estos dispositivos constituye una obligación legal dentro del marco del debido proceso. Según la postura de la Fiscalía, la colaboración de los allegados es un elemento necesario para integrar adecuadamente la carpeta de investigación y asegurar que las pruebas periciales se realicen sin contratiempos, evitando cualquier posible alteración en los datos contenidos en los aparatos.

Por su parte, el equipo legal y allegados a la familia han manifestado que la entrega debe realizarse bajo protocolos estrictos que garanticen la cadena de custodia y la privacidad de la información no relacionada directamente con el ilícito. La defensa ha expresado su disposición al diálogo, siempre que se respeten las garantías constitucionales y se asegure que la información será utilizada exclusivamente para fines ministeriales.

Este caso se mantiene como una prioridad para las autoridades de seguridad en Michoacán, quienes buscan deslindar responsabilidades lo antes posible. Mientras tanto, la Fiscalía ha reiterado que continuará agotando los recursos legales necesarios para obtener los dispositivos, enfatizando que la falta de cooperación podría derivar en medidas adicionales contempladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La sociedad civil y diversos colectivos han seguido de cerca el desarrollo de estas diligencias, esperando que la investigación arroje resultados concretos. Se espera que en los próximos días se establezcan nuevas mesas de trabajo entre la defensa y los ministerios públicos para definir la logística del traslado de los equipos bajo supervisión judicial.