La crisis de gobernabilidad en Sinaloa cuestiona el ejercicio del poder público
La analista Yessica De Lamadrid cuestiona la distinción entre el ejercicio de mando y la gestión gubernamental efectiva en Sinaloa bajo la administración de Rubén Rocha Moya.

La estabilidad política en Sinaloa atraviesa un periodo de incertidumbre que ha puesto en tela de juicio el ejercicio de la autoridad estatal. Ante el contexto actual de inseguridad, la analista política Yessica De Lamadrid ha planteado una interrogante fundamental sobre la administración del gobernador Rubén Rocha Moya: la diferencia sustancial entre quienes ejercen el mando real en la entidad y quienes ostentan la responsabilidad de gobernar formalmente.
El cuestionamiento surge tras una serie de eventos que han afectado la vida cotidiana en diversas regiones del estado, donde la percepción ciudadana apunta a una desconexión entre las políticas públicas implementadas y la realidad de violencia que se vive en las calles. De acuerdo con el planteamiento de De Lamadrid, el ejercicio gubernamental requiere algo más que el título oficial; demanda una capacidad de control institucional y legitimidad que, a ojos de diversos sectores sociales, se encuentra actualmente en entredicho.
Expertos en la materia señalan que el fenómeno observado en Sinaloa no es aislado, sino parte de una dinámica donde los poderes fácticos parecen imponer sus propias reglas de convivencia. Esta situación obliga a las autoridades, encabezadas por el gobernador Rocha Moya, a reconsiderar sus estrategias de comunicación y presencia territorial, pues la gobernabilidad se construye no solo mediante decretos, sino a través de la garantía efectiva del orden público y el Estado de derecho.
Mientras la administración estatal sostiene que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, la ciudadanía mantiene una postura de escepticismo. La propuesta desde diversos foros de análisis es clara: el gobierno debe recuperar el control de las instituciones para asegurar que el mandato constitucional sea la única fuente de autoridad en la entidad, superando así la parálisis que hoy parece definir la gestión pública sinaloense.
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