ONU-DH señala deficiencias en la aplicación de leyes sobre desapariciones en México
El representante de la ONU-DH, Alan García, urgió a fortalecer las instituciones mexicanas para enfrentar la crisis de desapariciones mediante especialización y capacitación.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García, advirtió este viernes que el país enfrenta serias dificultades en la aplicación efectiva de la ley para combatir las desapariciones. Durante un foro de análisis sobre derechos humanos, el funcionario destacó que la persistencia de esta problemática exige una respuesta institucional más sólida, integral y coordinada entre los distintos niveles de gobierno.
De acuerdo con la postura expresada por la ONU-DH, la atención a las desapariciones no puede limitarse a protocolos administrativos, sino que requiere de instituciones altamente especializadas. García enfatizó que el fortalecimiento de las capacidades técnicas y humanas en las fiscalías y unidades de búsqueda es indispensable para garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las familias afectadas en diversas regiones del territorio nacional.
La organización internacional subrayó que, si bien existen marcos normativos avanzados en la materia, la brecha entre la letra de la ley y su implementación en el terreno sigue siendo un obstáculo crítico. Ante este escenario, la representación de la ONU en México instó a las autoridades federales y estatales a priorizar la profesionalización de los servidores públicos encargados de las investigaciones, así como a mejorar la coordinación con la Guardia Nacional y las instancias de seguridad pública.
Dentro de las consideraciones planteadas, se enfatizó la necesidad de que las instituciones cuenten con recursos suficientes y personal capacitado para realizar búsquedas exhaustivas y diligentes. El representante señaló que el éxito en estas tareas depende de la capacidad del Estado mexicano para consolidar equipos multidisciplinarios que puedan operar con autonomía y bajo una perspectiva de derechos humanos, evitando la revictimización de quienes buscan a sus seres queridos.
Finalmente, se hizo un llamado para que el Congreso de la Unión y las autoridades competentes aseguren que el presupuesto asignado se traduzca en resultados tangibles. La ONU-DH reiteró su disposición para colaborar con el Estado mexicano en la implementación de mejores prácticas, subrayando que la erradicación de las desapariciones debe ser un eje central en la agenda de seguridad y justicia del país.
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