Organizaciones critican enfoque de contención migratoria en el PPEF 2027

Diversas organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos de las personas migrantes advirtieron este viernes que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 mantiene un enfoque mayoritariamente orientado hacia la contención migratoria. Según los colectivos, los recursos asignados a las dependencias encargadas del control fronterizo superan significativamente a los fondos destinados a la atención humanitaria y el respeto a los derechos fundamentales de quienes transitan por territorio nacional.

El análisis realizado por estas agrupaciones indica que, mientras se prevé un fortalecimiento operativo para las tareas de vigilancia en las fronteras norte y sur, existe una preocupación creciente por la falta de transparencia en los programas de asistencia integral. Los defensores argumentan que esta estructura presupuestaria, presentada por la SHCP ante la Cámara de Diputados, refuerza el papel de la Guardia Nacional y otras instancias de seguridad en la gestión del flujo migratorio, dejando en un segundo plano las políticas de integración y protección efectiva.

Desde la perspectiva de los organismos, el diseño del presupuesto para el ejercicio fiscal 2027 no contempla un incremento proporcional en las partidas destinadas a las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad de los migrantes. Esta situación, señalan, contradice las recomendaciones emitidas por instancias internacionales sobre la necesidad de transitar hacia un modelo de gestión basado en el enfoque de derechos humanos y no meramente en la seguridad nacional.

El debate en el Congreso de la Unión apenas comienza, y se espera que las comisiones legislativas analicen la viabilidad de ajustar estas prioridades durante las próximas semanas. Los activistas han hecho un llamado a los legisladores para que se revisen los montos asignados a la protección de grupos vulnerables, argumentando que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar un trato digno a toda persona, independientemente de su estatus migratorio.

Por el momento, el documento presupuestal sigue su curso legislativo bajo la premisa de fortalecer las capacidades institucionales de control. Las organizaciones defensoras han anunciado que continuarán con sus labores de cabildeo para intentar redirigir parte de los recursos hacia la infraestructura de albergues y servicios de salud pública que atienden a la población migrante en situación de movilidad.