Sandra Pámanes entrega pruebas para frenar juicio político contra Samuel García

La diputada Sandra Pámanes acudió este viernes a las instancias competentes para presentar cinco carpetas de investigación, con las cuales busca descalificar el proceso de juicio político que se sigue en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. La legisladora argumentó que los expedientes contienen elementos suficientes para demostrar que el procedimiento carece de fundamentos legales sólidos, por lo que solicitó formalmente dejar sin efectos cualquier medida punitiva derivada del mismo.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el equipo de trabajo de la diputada enfatizó que la entrega de estos documentos responde a una estrategia de defensa jurídica para garantizar la estabilidad institucional del estado. Según explicaron, los documentos integrados detallan inconsistencias en la conformación de los expedientes que originaron el juicio, sugiriendo que el proceso ha estado marcado por irregularidades procedimentales desde su inicio.

La solicitud presentada por Pámanes busca que el Congreso local y las autoridades judiciales competentes analicen de nueva cuenta la validez de los argumentos que sustentan el juicio. La diputada sostiene que, al desestimar las pruebas presentadas por la parte acusadora, el proceso pierde su carácter de legalidad, por lo que la única salida viable es el sobreseimiento del caso en favor del titular del Ejecutivo estatal.

Este movimiento legislativo ocurre en un clima de alta tensión política dentro del Congreso de Nuevo León, donde las fuerzas políticas mantienen posturas divergentes respecto a la gestión del gobernador. Mientras tanto, el equipo jurídico del mandatario estatal se mantiene a la expectativa de la resolución que emitan los organismos encargados de revisar las nuevas pruebas aportadas esta mañana.

Se espera que en los próximos días las autoridades correspondientes determinen si las carpetas de investigación presentadas por la legisladora cumplen con los requisitos necesarios para invalidar el juicio político. Por ahora, el proceso continúa vigente y sujeto a las determinaciones que emita el Poder Legislativo local conforme a los plazos marcados por la ley.