Titular de la DEA señala colusión de funcionarios mexicanos con cárteles
La agencia antidrogas estadounidense alertó sobre la infiltración del crimen organizado en niveles altos del gobierno en México, mencionando específicamente a funcionarios de Sinaloa.
El titular de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos denunció este lunes que existen funcionarios de alto nivel en México que mantienen vínculos activos con organizaciones criminales. Durante una intervención oficial, el funcionario subrayó que la cooperación de autoridades locales y estatales con los cárteles representa uno de los mayores obstáculos para las estrategias de seguridad binacionales.
El señalamiento se enmarca en las investigaciones que el gobierno estadounidense sostiene sobre diversas figuras políticas en el estado de Sinaloa. Entre los nombres referenciados por las autoridades de Washington se encuentra el gobernador Rubén Rocha Moya, cuya administración ha sido objeto de escrutinio público por parte de agencias extranjeras debido a presuntas conexiones con estructuras delictivas que operan en el Pacífico mexicano.
Este pronunciamiento intensifica la presión diplomática entre México y Estados Unidos, en un momento donde la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y sus contrapartes estadounidenses es fundamental. La denuncia ha generado reacciones en el Congreso de la Unión, donde legisladores debaten sobre la soberanía nacional y la necesidad de transparentar los procesos de investigación contra servidores públicos bajo sospecha.
La postura de la DEA se suma a una serie de reportes previos que han cuestionado la integridad de mandos medios y superiores en diversas entidades federativas. Por su parte, el Ejecutivo Federal ha reiterado en diversas ocasiones que cualquier acusación formal debe seguir los cauces institucionales a través de la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar injerencias externas que vulneren el marco jurídico mexicano.
El panorama actual sugiere un endurecimiento en la política de seguridad estadounidense hacia México, priorizando el combate al tráfico de sustancias sintéticas. Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene su postura de exigir pruebas contundentes y respeto a los procesos judiciales internos, evitando que señalamientos políticos sin sustento legal afecten la relación bilateral vigente.
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