Tribunal federal ratifica protección ambiental de la Sierra de San Miguelito

Un tribunal federal emitió este sábado una resolución que revoca la sentencia que previamente favorecía a un grupo ejidal opositor, reforzando así el decreto de Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito. Este fallo judicial representa un avance significativo en la defensa del ecosistema frente a la presión ejercida por sectores del desarrollo inmobiliario que buscaban modificar el uso de suelo en esta zona estratégica de San Luis Potosí.

El activista Carlos Covarrubias, quien ha encabezado la defensa legal del territorio, señaló que esta determinación judicial desmantela los argumentos presentados por quienes pretendían fragmentar la protección ambiental del área. La decisión del tribunal reitera la validez del decreto federal, el cual fue establecido para salvaguardar la biodiversidad y los servicios ambientales que la sierra provee a la zona metropolitana de la capital potosina.

La resolución destaca que el interés público y la preservación ecológica prevalecen sobre los intereses particulares de aprovechamiento comercial. Con este dictamen, se cierran puertas a diversos litigios que habían mantenido en incertidumbre la integridad de miles de hectáreas, las cuales son fundamentales para la recarga de mantos acuíferos y la mitigación de los efectos del cambio climático en la región.

Representantes de los grupos defensores del medio ambiente indicaron que, si bien la batalla legal ha sido prolongada, este resultado marca un precedente en la protección del patrimonio natural de México. Se espera que las autoridades federales y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales den seguimiento a la vigilancia del área para asegurar el cumplimiento estricto del decreto vigente y evitar nuevas incursiones de desarrolladores.

Finalmente, la comunidad que ha participado en la defensa de la sierra reiteró que mantendrán la vigilancia ciudadana sobre el territorio. La victoria judicial de este fin de semana es vista como un respaldo a la legitimidad de las demandas sociales que durante años han exigido un desarrollo urbano ordenado y respetuoso con los límites ambientales de la entidad.